It’s the end of the world as we know it (and I feel fine) es un sencillo que la banda estadounidense R.E.M lanzó en 1987. En aquel entonces, la juventud tenía motivos para preocuparse por el futuro del planeta: las secuelas del accidente nuclear de Chernobyl y los constantes conflictos armados y sociales hacían que el fin del mundo pareciera cercano.
Afortunadamente en medio de estas crisis surgió un rayo de esperanza. A finales de esa década, se gestaron importantes tratados ambientales que culminaron en la histórica Cumbre de Río de 1992, con la adopción de los siguientes acuerdos:
- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)
- Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
- Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD)
Es decir, como consecuencia de una crisis ambiental de alcances y complejidad cada vez
mayores, la comunidad internacional decidió elaborar instrumentos jurídicos que sirvieran
de base para tomar acciones que detuviesen y, en la medida de lo posible, revirtieran la
destrucción de los ecosistemas
Estos tres tratados, conocidos como los “Convenios de Río”, marcaron el inicio de un esfuerzo global para mitigar los efectos de la destrucción ambiental. Sin embargo, aunque los gobiernos han sido prolíficos al adoptar leyes ambientales, su implementación ha dejado mucho que desear.
LOS RETOS FINANCIEROS Y FALLAS EN LA IMPLEMENTACIÓN
Uno de los mayores desafíos de estos acuerdos es la falta de financiamiento suficiente. Sin recursos financieros cualquier política o estrategia se suma al listado de buenas intenciones de los que están
repletos los documentos internacionales.
Durante la COP 29 (celebrada del 11 al 24 de noviembre de 2024 en Bakú, Azerbaiyán), uno de los principales objetivos era establecer una Nueva Meta Colectiva Cuantificada de Financiamiento (NCQG). Esta nueva meta reemplaza el compromiso anterior de movilizar 100,000 millones de dólares anuales, acordado en la COP 15 de Copenhague en 2009.
RESULTADOS DE LA COP 29 ¿SUFICIENTES?
El resultado principal fue el acuerdo para recaudar 300,000 millones de dólares anuales por parte de los países desarrollados hasta 2035. Además, se estableció una referencia para alcanzar 1.3 billones de dólares (USD trillions) con fuentes públicas y privadas.
Aunque significativo, este monto ha sido criticado por representantes de países en desarrollo y organizaciones de la sociedad civil, ya que no refleja la magnitud de los retos climáticos ni considera adecuadamente la inflación desde 2009.
REFLEXIÓN: IT’S THE END OF THE WORLD AS WE KNOW IT (AND I FEEL FINE)
El lenguaje ambiguo de las decisiones de la COP, la escasa ambición de sus metas, los consensos de último minuto y un amargo sabor a “era eso o nada”, nos recuerdan la canción de R.E.M. Tal vez la crisis climática sea el fin del mundo tal y como lo conocemos, dada la incapacidad de los gobiernos de adoptar decisiones basadas en la ciencia y a la prevalencia de las consideraciones económicas sobre las ambientales y sociales.
O, por el contrario, este fin del mundo en realidad signifique el abandono de los combustibles fósiles y la explotación indiscriminada de los recursos naturales, asegurando con ello la transición hacia una sociedad más justa y sostenible, con base en la activa participación de liderazgos climáticos locales.
Para ello, es indispensable que hacia la COP 30 la sociedad civil fortalezca su acercamiento con las autoridades responsables de la actualización de las NDCs, cabildeando aquellas medidas que, de acuerdo a las circunstancias nacionales, sean las más apropiadas para incrementar las medidas de mitigación y adaptación, así como el marco jurídico para asegurar su cumplimiento.
En particular, las NDCs deben retomar como su piedra angular la justicia climática, concepto tan cercano a nuestra realidad pero tan alejado de las negociaciones internacionales, de modo que en la COP 30 nuestros países presenten acciones concretas en beneficio de las comunidades y grupos más vulnerables.
Texto original: Rodolfo Godínez